viernes, 14 de diciembre de 2012

Inicio de las V Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana. 14, 15 y 16 de diciembre de 2012. Museo de Historia de Valencia.




Algunas consideraciones acerca de la presentación de las futuras normativas del Patrimonio Cultural.


Esta mañana han dado comienzo las nuevas Jornadas de Arqueología de la Comunidad Valenciana. Ésta ha sido la primera vez en la que han concurrido de manera unificada las dos Secciones de Arqueología de los CDL de Valencia y Castellón y el de Alicante. Junto a ellas, organizaba el Ayuntamiento de Valencia y el Museo de Historia de Valencia y colaboraba el Ayuntamiento de Llíria.
En estas primeras sesiones, las exposiciones han sido numerosas y de verdadero interés. Nosotros quisiéramos, entre todas ellas, hacer un pequeño comentario sobre la exposición de Consuelo Matamoros y Montserrat López que nos ha guiado por una puesta al día en los esfuerzos y consecuciones que, en materia de normativas relacionadas con el desarrollo de las labores arqueológicas, ha llevado a cabo durante los últimos años la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.
Entre los “ideales” y las “realidades”, se nos ha presentado un panorama cambiante en cuanto a perspectivas y logros del amplio espectro que abarca el conjunto del Patrimonio Cultural.
Desde la ladera en la que nos encontramos varados los arqueólogos profesionales, esperábamos con expectación las novedades que pudieran desgranarse en el borrador de un nuevo Reglamento, inspirado en las normativas de otras comunidades como por ejemplo Extremadura, y en el que se introducen variaciones sobre ciertos aspectos que nos atañen a los profesionales de la arqueología en el desempeño habitual de nuestro trabajo, en la manera de desarrollarlo y en la de presentarlo.

Uno de los temas más destacables, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con ciertos cambios en la consideración de los diferentes tipos de intervenciones arqueológicas que pueden llegar a realizarse. No es que pretendan modificarse los requisitos que hasta ahora son imprescindibles para las intervenciones previstas con tiempo suficiente, sino que se tiene en cuenta la existencia de una nueva fórmula llamada de “Intervención de Emergencia”. Esta nueva modalidad se destinaría a aquellos casos, de los que todos conocemos alguno, en los que se está agrediendo un yacimiento o cualquier otro elemento del patrimonio cultural sin que se haya producido su debida documentación y sin que haya habido una supervisión por parte de un arqueólogo. Estas circunstancias apremiantes podrían subsanarse de manera inmediata mediante la concurrencia de un técnico arqueólogo, previo informe de la Conselleria, que pudiera intervenir con carácter de “emergencia” y de forma inmediata sobre el bien patrimonial y entregar el Proyecto arqueológico mientras se está llevando a cabo dicha intervención.

Otra cuestión que será sin duda muy bien recibida entre los profesionales es la del “Acta de Inspección”, mediante la cual todo cambio producido a posteriori, sobre un Proyecto Arqueológico en marcha, tendrá que ser reflejado por escrito y dictaminado por el inspector de patrimonio y por la propia Conselleria. Se acabaría, pues, con la eterna incomodidad para los profesionales de tener que explicar al cliente la decisión de ampliar zonas de excavación, incorporar especialistas en los equipos de trabajo, integrar elementos del patrimonio en la obra nueva, o rediseñar de alguna manera el proyecto inicial. A partir del momento en el que entrara en vigor este reglamento, cualquier variación sobre el proyecto inicial se reflejaría por escrito y les llegaría a los promotores vía Conselleria, no vía director de la excavación.

Como innovación, hemos recibido con agrado, el avance en la consideración de los esfuerzos de investigación llevados a cabo por toda la comunidad arqueológica. Estos nuevos aires dan cabida a la materialización de otro planteamiento respecto a  los llamados Proyectos Generales de Investigación, que vendrían a superar el concepto de lo que en nuestro argot se conoce como “ordinarias”. La capacitación de investigar y, sobre todo, el llamado aval científico no recaerían exclusivamente en instituciones académicas, museos o servicios municipales. La labor investigadora demostrada durante muchos años por buena parte de los arqueólogos y sus tímidos intentos de difusión parecen ser recompensados ahora mediante la posibilidad de acceder a un Proyecto de Investigación desde la profesionalidad, compitiendo en carácter de igualdad con otros proyectos llevados a cabo desde ámbitos más tradicionales del SABER. 

En los escasos quince minutos disponibles para la comunicación, se han nombrado muchos aspectos relacionados con las innovaciones que pretenden establecerse. Algunas tendrán que ser mejor explicadas, como el caso de la desaparición de la figura del Núcleo Histórico Tradicional o la de la formación de Comisiones de Patrimonio en Conjuntos Históricos con el concurso en su seno de especialistas interdisciplinares que rompen, de esta manera, esquemas anquilosados que se arrastran desde antiguo. Cabría preguntarse, quiénes serán esos especialistas, de dónde provendrán, serán técnicos de administraciones locales o autonómicas, se contará con profesionales liberales especializados o de reconocidos méritos?

No obstante, hay algunas cuestiones de verdadera importancia que no han sido tratadas y que para la profesión son cruciales. Se ha echado en falta, por ejemplo, alguna referencia a temas tan candentes y esquizofrénicos como quién puede trabajar de arqueólogo, quién garantiza que los profesionales tengan los conocimientos necesarios para enfrentarse a una excavación o prospección arqueológica, cómo se capacita a un profesional para poder intervenir sobre el patrimonio…

En estos tiempos en los que la Universidad ofrece cada vez menos contenidos específicos relacionados con el trabajo profesional de la arqueología y en los que, desde hace tiempo, ya no existe ni la especialidad de un título ¿quién avala la formación de los nuevos arqueólogos?, ¿cuáles son los criterios que van a manejarse para conceder las direcciones de las intervenciones?...

Sería necesario, como se ha indicado desde la propia organización de estas jornadas, que este borrador de reglamento contara con el consenso de todos los organismos relacionados con la recuperación, investigación y salvaguarda del Patrimonio Cultural, entre ellos, y de manera muy especial, el de los arqueólogos profesionales (los empresarios, pero también los liberales, cuyos conceptos del trabajo son similares, pero no idénticos) que día a día han de manejarse entre las aguas de las normativas vigentes, la necesidad de desempeñar la profesión de una forma ágil y efectiva y las demandas de una sociedad a la que, en ocasiones, no prestamos la suficiente atención.

2 comentarios:

  1. ¿Y habló la jefa de servicio sobre la agilización de los eternos plazos entre que se entrega la solicitud de intervención y llega la respuesta?
    Porque en esos plazos algunos profesionales han perdido subvenciones o han tenido que malgastarlas en otras tareas no arqueológicas porque no llegó la respuesta de la administración antes de la fecha tope para justificarlas, (también cada vez es más corto el plazo entre que se adjudican las subvenciones y te obligan a justificarlas). Y, sinceramente, tal y como está la arqueología de "investigación" o antes llamada "ordinaria" con todos los problemas que hay para conseguir fondos, no nos podemos permitir esos "despilfarros".
    En resumen,¿para cuando la agilización de estos plazos y que los arqueólogos que trabajamos en pequeños municipios y nos esforzamos tanto en conseguir esas subvenciones podamos dedicarlas verdaderamente a la arqueología, y no las perdamos mientras esperamos desesperadamente la respuesta de la administración?

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  2. Pues la verdad es que del tema de los tiempos de resolución de los permisos no se habló. Opinamos como tú que en demasiadas ocasiones el dilatado tiempo de concesión de autorizaciones puede acarrear no sólo desespero por la espera, sino verdaderos problemas de índole económica. El de las subvenciones es uno y no pequeño, pero igual de sangrante es el de pequeños o grandes promotores y sobre todo particulares que en ocasiones deben pagar las cuotas de un préstamo cuando todavía ven lejano el momento de inicio de las obras. Ni que decir tiene que hoy en día más que nunca el sueldo (y la supervivencia) del propio arqueólogo depende de este trámite. Pensamos que los medios telemáticos, como por ejemplo el sistema de visados del Colegio de Arquitectos, puede ser un modelo que, adaptado a las problemáticas y circunstancias de la práctica arqueológica podría implantarse en el tema de las autorizaciones.
    ¿A alguien se le ocurre como se puede plantear este aspecto de forma positiva en el nuevo reglamento?

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